Prisión Preventiva para Tres Implicados por Fábricas de Licor Adulterado en Quito

Tres personas van a prisión por la producción de licor adulterado en Quito. La Fiscalía halló fábricas clandestinas y miles de botellas falsificadas.

Imagen: (Ministerio de Defensa)

Cárcel para los sospechosos tras operativo en Llano Grande

Tres ciudadanos fueron enviados a prisión preventiva tras descubrirse su presunta participación en la producción y envasado de licor adulterado en el norte de Quito. La Fiscalía General del Estado confirmó la medida judicial este 25 de septiembre de 2026 contra Pedro Lupercio T. L., Alex Jhair V. Z. y Diego Ismael V. Z., quienes fueron detenidos en la parroquia Calderón, sector Llano Grande.

Así operaban las fábricas clandestinas

La investigación, que arrancó gracias a labores de inteligencia militar durante el estado de excepción, dejó al descubierto cinco fábricas clandestinas. Las autoridades allanaron cuatro inmuebles donde sorprendieron a los implicados llenando botellas de vidrio con bebidas alcohólicas sin registro sanitario ni etiquetas reales.

En los lugares intervenidos se decomisaron más de 14.257 artículos, incluyendo 12.000 botellas de whisky adulterado, cuatro tanques de producción, galones con alcohol y una imprenta. Para engañar a los compradores, la red utilizaba unas 140.000 etiquetas de marcas reconocidas y códigos QR falsificados del SRI que, al ser escaneados, daban una apariencia legal al producto.

Vínculos y el rápido proceso legal

Según los reportes de las autoridades, esta enorme infraestructura ilegal estaría relacionada con la organización Los Lobos y un sujeto conocido con el alias de "Colonche". Se calcula que el desmantelamiento de esta operación representa un duro golpe económico de 50 millones de dólares para la estructura delictiva.

El caso será juzgado mediante un procedimiento directo, lo que significa que la etapa de investigación durará solo 20 días. Los detenidos enfrentan cargos por el delito de contaminación de sustancias para el consumo humano, lo que podría significar una pena de tres a cinco años de cárcel, según establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).