Conmoción en Perú: Seis adolescentes internados por presunta agresión en bus escolar del Liceo Naval

Seis adolescentes de Lima cumplen internamiento preventivo tras la denuncia de una presunta agresión a un escolar. Conoce las medidas de las autoridades.

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El pasado 15 de septiembre de 2026, la comunidad educativa del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja en Lima, se vio sacudida por una grave denuncia. Un alumno de 16 años reportó haber sido víctima de una presunta agresión sexual dentro de un bus escolar mientras el grupo regresaba de una competencia deportiva. El caso ha movilizado tanto al sistema judicial como a las máximas autoridades del país.

Internamiento preventivo y medidas de protección

Tras la denuncia presentada por los padres de la víctima, la Policía intervino inicialmente a diez estudiantes de quinto año de secundaria. Luego de las primeras indagaciones, que incluyeron la toma de testimonios en Cámara Gesell, cuatro de ellos fueron liberados.

Sin embargo, para los seis restantes, el Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Esta medida busca asegurar que los implicados no interfieran ni evadan el proceso judicial en curso.

Para resguardar la integridad de la víctima, la justicia dispuso estrictas medidas de protección, que incluyen patrullajes policiales frecuentes cerca de su domicilio y la prohibición total de contacto por parte de los investigados. Además, la Defensoría del Pueblo ha destinado un equipo legal y psicológico para acompañar a la familia durante todo el proceso.

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Autoridades separan de sus cargos a directivos del colegio

El impacto del suceso ha repercutido directamente en la administración de la institución. La Marina de Guerra del Perú decidió separar temporalmente de sus funciones a la directora, a un profesor y al entrenador de fútbol, con el fin de transparentar la investigación sobre cómo se aplicaron los protocolos durante el viaje escolar.

A la par, entidades como el Indecopi y la Dirección Regional de Educación revisan el cumplimiento normativo del plantel. Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno peruano oficializó la reorganización total de la gestión del Liceo Naval, cediendo el control al Ministerio de Educación hasta el 31 de diciembre de 2027.

El caso incluso ha escalado al Senado peruano, donde se formó una comisión especial encargada de diseñar nuevas propuestas para frenar la violencia escolar y mejorar los mecanismos que protegen a los estudiantes a nivel nacional.

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