Revelan sueldos y exigencias en el call center investigado en Quito por presunta extorsión internacional

Trabajadores de un call center en Quito operaban bajo multas y metas de 120 llamadas diarias. La empresa es investigada por extorsión masiva.

Imagen: Cortesía

Nuevos detalles salen a la luz sobre el operativo realizado el pasado 21 de agosto de 2026 en el norte de Quito, donde un centro de llamadas operaba bajo estrictas y cuestionadas normas. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, los operadores debían cumplir con exigentes dinámicas laborales que hoy forman parte de un expediente judicial por presunta extorsión.

Sueldos por debajo del mínimo y multas internas

Las versiones de 26 colaboradores que rindieron testimonio ante las autoridades revelaron las condiciones bajo las cuales laboraban. Los operadores percibían un sueldo mensual de 470 dólares, una cifra que llama la atención al encontrarse por debajo del Salario Básico Unificado (SBU) vigente para 2026, fijado en 482 dólares.

A este salario se sumaba una alta presión operativa: cada trabajador tenía la obligación de completar unas 120 llamadas diarias utilizando bases de datos proporcionadas por la empresa. Según la Fiscalía, si los empleados no cumplían con las metas de cobranza establecidas, se les imponían presuntas multas económicas que mermaban aún más sus ingresos mensuales.

El esquema de operación: Préstamos y amenazas mediante inteligencia artificial

El centro de llamadas, vinculado a la empresa Latameris Support S. A. S., presuntamente se dedicaba a ofrecer créditos a través de una aplicación móvil denominada "Cash Cash", dirigida a usuarios en el extranjero, específicamente en países como México, Colombia, Perú y Chile. Para obtener el préstamo, los ciudadanos debían entregar datos personales y fotografías de sus rostros.

El conflicto comenzaba cuando los clientes caían en mora. En ese momento, el call center intensificaba las llamadas con tácticas de intimidación. La Fiscalía sostiene que los deudores eran amenazados con difundir sus fotografías en redes sociales, imágenes que además habrían sido modificadas con herramientas de inteligencia artificial para afectar su reputación y presionar el pago.

Diez procesados y juicio directo

Por este caso, la Fiscalía procesa a diez personas por el presunto delito de asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión. La red era presuntamente dirigida por un ciudadano de nacionalidad china identificado como Yang X., quien asignaba roles de líderes, auditores, contadores y operadores.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 172 computadoras y 66 teléfonos celulares, además de documentos con capturas de pantalla de chats extorsivos hallados en la oficina del principal implicado. El proceso judicial se ventilará mediante un procedimiento directo, y la audiencia fue fijada para el próximo 14 de septiembre de 2026.