Fiscalizador solicita prisión preventiva para 10 vinculados en el Caso Progen por contratos eléctricos

Fiscalía pide prisión preventiva para 10 personas por el Caso Progen debido a un millonario perjuicio al Estado en contratos eléctricos fallidos.

Imagen: El Hemisférico

El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, solicitó la medida de prisión preventiva para un total de diez personas. Los implicados se encuentran vinculados al denominado Caso Progen, una investigación penal que indaga un presunto delito de peculado originado en millonarios contratos para la generación eléctrica de emergencia.

Contratos millonarios y pagos sin cumplimiento

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2024, cuando la entidad CELEC EP suscribió contratos para la adquisición de 50 grupos electrógenos destinados a las zonas de Salitral y Quevedo, por un valor total de 149,1 millones de dólares.

A pesar de que existían presuntas irregularidades en la verificación del cumplimiento de los acuerdos, las autoridades habrían transferido 104,37 millones de dólares, cifra que representa el 70 % del valor total contratado.

Anomalías técnicas y equipos sin funcionamiento

La investigación del caso detalla una serie de presuntas anomalías detectadas desde la etapa previa a la firma de los contratos hasta el momento de aprobar los pagos correspondientes. Entre los hallazgos se señalan equipos que no cumplían con las especificaciones técnicas solicitadas, además de prórrogas presuntamente injustificadas y modificaciones contractuales muy cuestionadas.

Los generadores eléctricos fueron comprados con el objetivo urgente de hacer frente a la severa crisis energética que afectó al país en 2024. Sin embargo, según la acusación fiscal, los equipos jamás llegaron a entrar en funcionamiento, lo que desvirtuó por completo la finalidad de la millonaria inversión.

Perjuicio económico al Estado

La Fiscalía sostiene que todas estas irregularidades causaron un perjuicio económico al Estado valorado en 104,37 millones de dólares. Por ahora, el proceso penal continúa su marcha y corresponderá a los órganos de justicia determinar las responsabilidades legales de cada uno de los implicados vinculados en esta investigación.