Durante los últimos dos años, un total de cinco ministros del gobierno de Daniel Noboa han logrado evitar ser procesados mediante juicio político.

Comisión de Fiscalización archiva el juicio contra el exministro Jimmy Martin y se consolida la tendencia de bloquear procesos

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Este miércoles 10 de diciembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió no dar paso a la solicitud de juicio político contra Jimmy Martin, exministro de Salud del gobierno de Daniel Noboa. Aunque el Consejo de Administración Legislativa (CAL) había verificado inicialmente que el pedido impulsado por tres asambleístas de la Revolución Ciudadana cumplía con las firmas y pruebas, la mesa legislativa resolvió desestimarlo.

Las acusaciones contra el exministro 

A Martin, quien dirigió la cartera de Estado entre julio y noviembre de 2025, se le señalaba por seis incumplimientos de funciones. Entre los puntos más críticos destacaban la falta de medicinas e insumos, deudas con clínicas de diálisis y la baja ejecución del presupuesto. Además, su gestión quedó marcada por la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, un hecho que expuso la crisis del sistema sanitario, aunque el exfuncionario alegó que solo dos casos se debieron a una bacteria.

Un patrón de juicios fallidos en el gabinete 

El caso de Martin no es aislado; se suma a una lista de cinco altos funcionarios de Noboa que han esquivado el banquillo legislativo:

• Inés Manzano (Ambiente y Energía): Enfrentó dos intentos. El último fue descartado el 4 de octubre de 2025 porque, de las 37 firmas presentadas, dos estaban repetidas. Se la acusaba por la crisis energética y el caso Progen.
• Gian Carlo Loffredo (Defensa): Se pidió su juicio tras la desaparición de cuatro menores en Las Malvinas. Sin embargo, en junio de 2025, la comisión bloqueó el pedido argumentando que ya había un proceso penal en curso y que la solicitud no cumplía requisitos.
• Mónica Palencia y Gabriela Sommerfeld: Ambas fueron cuestionadas por la irrupción en la Embajada de México. El proceso contra la Canciller se archivó en agosto de 2024, mientras que la Ministra del Interior logró salvarse tras una votación en el Pleno en octubre.

El control del oficialismo y la crítica de expertos 

Actualmente, el movimiento oficialista (ADN) tiene mayoría en la Asamblea, preside el CAL (con Niels Olsen) y lidera la Comisión de Fiscalización. Para el analista político Alfredo Espinosa, esta situación ha convertido a la comisión en una "oficina de archivo". Según el experto, el gobierno carece de autocrítica y utiliza su mayoría para bloquear procesos incómodos, protegiendo a sus funcionarios bajo un "espíritu de cuerpo", lo que impide una verdadera rendición de cuentas.

¿Cómo funciona el proceso de juicio político? 

Según la ley, para censurar a un funcionario (incluso hasta un año después de dejar el cargo) se necesitan los siguientes pasos:

1. Solicitud: Un grupo de asambleístas debe reunir al menos 35 firmas y presentar pruebas de incumplimiento de funciones ante el Presidente de la Asamblea.
2. Calificación del CAL: Este consejo tiene tres días para verificar que los papeles estén en orden. Si aprueban, el caso pasa a Fiscalización.
3. Comisión de Fiscalización: Tienen cinco días para revisar si cumple con la Constitución. Si aceptan el trámite, notifican al acusado, quien tiene 15 días para defenderse, mientras los acusadores presentan pruebas.
4. Resolución: Finalmente, la Comisión emite un informe recomendando el juicio o el archivo. Si recomiendan el juicio, el tema pasa al Pleno de la Asamblea para la votación final.